A diferencia de lo que sucede en el actual Congreso, en el 2013, cuando el entonces parlamentario de Solidaridad Nacional Michael Urtecho fue denunciado por recortar y apoderarse del sueldo de sus trabajadores, su destitución y acusación se concretó en cuestión de meses.Debido a que el Congreso lo acusó de esos delitos, la Fiscalía pudo formalizar la investigación contra Urtecho sobre esa materia y, 10 años después, el Poder Judicial lo sentenció a 22 años y 5 meses de prisión.Ayer el Poder Judicial recordó, a través de su cuenta de Twitter, que el funcionario o servidor del Estado que abuse de su cargo y posición al solicitar dinero a un trabajador comete delito de concusión, penado hasta con 8 años de prisión, inhabilitación y multa.Esa advertencia llegó hasta los Pasos Perdidos.(Edición sábado).