El índice de la corrupción e inconducta funcional de 2022 presentado el miércoles por la Contraloría refleja de manera clara que este mal, ya endémico en el Perú, está presente de manera transversal en todo el territorio nacional. Desde la entidad pública más chica hasta la más grande. Y revela también que los gobiernos regionales siguen una senda peligrosa de desvío de fondos hacia fines ajenos a las poblaciones que los eligieron.De hecho, siete de esas gobernanzas regionales aparecen en el deshonroso top ten de "muy alto" nivel de corrupción. Y, por si fuera poco, en ese mismo informe se consignó que durante el gobierno de Pedro Castillo se entregaron 76,480 contratos públicos a dedo, es decir, mayormente para los amigotes del régimen, algunos de los cuales ya se encuentran tras las rejas, como el propio golpista.