Para allanar el camino del control de la Interoceánica del Sur en favor de la constructora brasileña Odebrecht, producto del pacto colusorio entre el entonces presidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, superintendente de esta empresa en Perú, se dedicaron a demoler las opiniones técnicas que, desde dentro y fuera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de otras entidades, habían resistido a esta ofensiva de los intereses transnacionales corruptos contra el Perú.En esta entrega, amigos lectores, vamos a reseñar cómo es que destruyeron la última defensa que tenía el país en la escena oficial: la Contraloría General de la República. Y lo hicieron con ayuda de ProInversión, del Congreso mediante la promulgación de la Ley 28760, que prohibió al instituto contralor fiscalizar el latrocinio que venimos reseñando. Y de personajes como Fernando Olivera Vega.