Tras la divulgación de los "aportes voluntarios" de los trabajadores del despacho del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), con los que se solventaba la publicidad de los proyectos de ley de este último en Facebook e Instagram, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación preliminar por el presunto delito de concusión. Se trata de una situación inédita en lo que concierne a titulares del Parlamento en funciones, pero la verdad es que con relación al legislador que nos ocupa ya nada sorprende.Como hemos recordado en El Comercio, Soto arrastra cuestionamientos y denuncias por haber votado a favor de una ley que permitió la prescripción de un proceso que tenía abierto en Cusco por estafa y por mentir públicamente al respecto al decir que el proceso estaba archivado cuando emitió el mencionado voto, así como por haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su hijo.