Para evitar cualquier intento de anulación del fallo que lo favoreció con el archivamiento de una denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, solicitó al Poder Judicial que declare consentida la resolución del magistrado cuzqueño Carlos Román Gil. Como ha informado La República, Alejandro Soto enfrentaba un pedido de la fiscal Etel Marquina Rodríguez, de 8 años y 8 meses de prisión. La autoridad acusó a Soto de haber engañado a la empresa donde trabajaba como asesor legal, Transportes Waynapicchu, para que comprara un terreno a una comunidad campesina por US$265.000. Ocho meses antes, Soto había adquirido dicho predio y pagó US$5.000, en 2012, pero fue recién en 2017 que el nuevo directorio de Transportes Waynapicchu descubrió el engaño de Soto y lo denunció penalmente.