En menos de dos semanas al frente de la presidencia del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) enfrenta una serie de cuestionamientos. Uno de ellos apunta a que se benefició de una norma, por la que votó a favor, que permitió la prescripción del proceso en su contra por el presunto delito de estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.Soto negó ayer haberse beneficiado de la Ley 31751, vigente desde el 26 de mayo último y que modifica los plazos de prescripción. Incluso, refirió que en el 2019, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Ciudad Imperial declaró funda da una solicitud de sobreseimiento de su defensa legal.Según dijo, "no tenía impedimento para votar a favor o en contra" de la referida norma, porque, insistió, la investigación en su contra había sido archivada hace cuatro años. No obstante, una serie de documentos judiciales, obtenidos por El Comercio, demuestran lo contrario.
- [Perú 21,Pág. 2-3] /
- [El Comercio,Pág. 3] /