Este año, el Congreso aprobó una ley que modifica el plazo de prescripción de los procesos penales y, en consecuencia, benefició a personajes como Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular (FP), quien logró archivar un proceso judicial en su contra por fraude; y al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (APP), que pudo evadir un caso en el que estaba acusado por los delitos de estafa y falsedad genérica.Si bien este último negó que haya impulsado la ley para librarse de una condena de ocho años y ocho meses, lo cierto es que la polémica norma fue aprobada en un tiempo récord y sin un debate apropiado.