Como se trataba de una modificación del Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, el proyecto de ley que terminó beneficiando al ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, la Comisión de Justicia debió consultar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación. Por supuesto que lo hizo; pero, antes de recibir la respuesta, la comisión aprobó la ahora llamada "Ley Soto". No le importó la opinión del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ni de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.(Edición sábado).