A fines del año pasado, el premier Alberto Otárola se pronunció respecto del nombramiento de prefectos y subprefectos señalando que se necesitaban personas "idóneas" en el cargo, "sin importar su color político". Sin embargo, el 18 de julio, el director general del Gobierno del Interior, Jorge Ortiz Marreros, designó a 37 autoridades que -una vez más- dejan mucho que desear. Unos son investigados en la Fiscalía, otros tienen vínculos con organizaciones ligadas a Pedro Castillo y 30 de ellos no cuentan con estudios superiores, según la Sunedu.