Hay dos temas que desde hace algunos años vienen marcando la agenda de desarrollo sostenible a nivel mundial: el cambio climático y la inclusión. Naciones Unidas, por ejemplo, advierte que son temas indisolublemente vinculados y que no tiene mucho sentido analizar uno de los términos sin tener en cuenta el otro. Y en el Perú, se ha identificado además una legítima preocupación y activismo en diversos sectores de la sociedad (autoridades, empresas, organizaciones civiles, etc.) para dar a estos temas la prioridad que merecen.En ese sentido, todas las organizaciones cuentan con el potencial para poder incorporar buenas prácticas para generar un mejor desempeño hacia sus públicos de interés. Si vamos más a detalle, la puesta en marcha de criterios vinculados a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) trae grandes réditos para las empresas. Aumento de productividad de los trabajadores, promover mayor transparencia en las operaciones, mejorar la gestión de riesgo e incursionar en nuevos mercados, son parte de estos.¿Y el Estado puede hacer algo al respecto? Desde luego que sí. El Estado tiene el rol de regular y supervisar las actividades empresariales, así como velar por la publicación de políticas nacionales que promuevan la incorporación y la puesta en marcha de los criterios ESG, a través de los distintos ministerios, colaboraciones con organismos internacionales o propios, entre otros, señala Domingo Drago, presidente de Rumbo a PERUMIN.
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