La gestión de Dina Boluarte no acierta con la designación de sus funcionarios de confianza. Repite la misma línea errática de su antecesor Pedro Castillo Terrones. Los antecedentes del actual prefecto regional de Apurímac, Edwin Carpio Challque, no son los mejores para representar al Ejecutivo en esta región sureña.El 13 de junio pasado, la jefa del Estado y su ministro del Interior, Vicente Romero, firmaron la resolución suprema que le encarga la responsabilidad política a Carpio Challque. Más allá de la función decorativa de estos cargos, los prefectos representan al Ejecutivo. Su misión, según el Mininter, es preservar la democracia.En el buscador de Google figuran los antecedentes de Carpio. Lo presentan como antiminero, protagonista de movilizaciones en contra de la empresa Southern que devinieron en su detención el 16 de agosto de 2013. Ha sido presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (Corecami-Apurímac), una plataforma de lucha que le ha declarado la guerra a la gran minería.