El pago de sobornos que hizo Sada Goray Chong a Salatiel Marrufo Alcántara no solo comprendía el copamiento del directorio del Fondo Mivivienda. También incluía tener bajo control la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), especialmente la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal (DGPE). Es la DGPE la que rechazó en reiteradas oportunidades la solicitud de Goray para que reconociera una supuesta superposición de un terreno del Estado en Chilca sobre 90 hectáreas que la empresaria reclamaba que eran de su propiedad.