El jueves 22 de junio, el Pleno del Congreso aprobó una ley para modificar la colaboración eficaz, dictamen que ha generado una gran polémica al proponer que los acuerdos para tal mecanismo se deban cerrar en un máximo de ocho meses, más una prórroga de cuatro meses en casos comunes y otra de ocho meses si la investigación involucra delitos de crimen organizado. El plazo ha generado numerosos cuestionamientos por parte de especialistas, abogados, procuradores y exprocuradores, quienes advierten que este pone en riesgo la colaboración eficaz y, en consecuencia, también los casos en los que se utilizan, que van desde "Lava Jato" a las pesquisas que enfrenta el golpista expresidente Pedro Castillo y su entorno.