A partir de septiembre se dictaría el laudo por el arbitraje que emprendió Enagás contra el Perú. Con esta acción, la empresa espera recuperar su inversión, luego de que en enero de 2017 el Gobierno peruano decidiera rescindir la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio en el que participaba la española junto a Graña y Montero y la brasileña Odebrecht, debido a los escándalos de corrupción que envolvían a esta última.El arbitraje se inició debido a la solicitud presentada por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque antes de ello la compañía había intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión. El monto que reclama es de US$ 500 millones.