El Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que modifica el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y que afectaría la lucha contra dicha actividad ilícita.A través de un oficio enviado por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete, Alberto Otárola, al titular del Parlamento, José Williams, se precisan las causas para dicha decisión, informó El Comercio.La autógrafa de ley busca modificar el artículo 7 del Decreto Legislativo 1100 para impedir que la maquinaria, bienes e insumos incautados en operaciones contra la minería ilegal sean destruidos.