"El acusado Alejandro Toledo Manrique, con infracción a su deber de resguardar los intereses del Estado, asumió un compromiso ilícito con el interesado, en este caso con el representante de la empresa Odebrecht Jorge Henrique Simoes Barata, con la finalidad de defraudar el interés público". Esta es una de las diversas conclusiones de la resolución judicial con la que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho ordenó que se iniciara el juicio oral contra el expresidente por la irregular licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica a la citada compañía brasileña y sus consorciadas.Para arribar a esa deducción, el magistrado admitió en total 1.135 pruebas presentadas por la fiscalía contra Toledo y otros para probar que este habría cometido los delitos de colusión y lavado de activos.(Edición sábado).