Ayer fue un día negro para la fiscal suprema Zoraida Ávalos. El Congreso la inhabilitó para trabajar en el Estado por cinco años y luego la acusó de incurrir en el delito de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales cuando era fiscal de la Nación. El principal argumento del castigo político fue que en enero del 2022 abrió y suspendió de forma exprés la investigación al entonces presidente Pedro Castillo, por los escandalosos casos Puente Tarata, Petroperú y ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales.