El Gobierno promulgó ayer la norma que autoriza al Congreso, al Poder Judicial y a los organismos autónomos a elegir a sus propios procuradores públicos, a pesar de que el Ministerio de Justicia, a cargo de Daniel Maurate, se mostró en contra cuando el tema aún era evaluado por el Parlamento. El asunto ha merecido que entendidos en la materia, altos funcionarios e, incluso, el propio Daniel Soria, procurador general del Estado, reaccionen en contra de la decisión del Ejecutivo. La mayoría ha cuestionado la inviabilidad de la norma porque refieren que con ella se perdería la autonomía que -hasta antes de la promulgación- gozaban los procuradores públicos de esas instituciones.