La fiscalía ha hallado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial un decreto ley con fecha 7 de diciembre del 2022 que termina de lapidar al expresidente golpista Pedro Castillo. En él, se dispone la disolución extraordinaria del Congreso y se convoca a elecciones para un nuevo Legislativo (que, irónicamente, tendrían que haberse celebrado el domingo pasado). El documento, difundido por el dominical "Contracorriente" de Willax, provee una prueba incontrastable de que el depuesto mandatario planeó el zarpazo a nuestro sistema democrático con tiempo y cómplices, y, sobre todo, que realmente pensaba llevar su ruptura del orden constitucional hasta las últimas consecuencias.Para que un decreto ley conteniendo lo señalado estuviera ya redactado la mañana del infausto mensaje con el que el entonces gobernante anunció su atropello a la democracia, tiene que haber existido, en efecto, una conspiración. Chapucera, desde luego (como quedó evidenciado por la rapidez con la que fue conjurada), pero no por ello menos criminal. Tienen que haber existido también secuaces, porque es evidente que la redacción del decreto ley excede los conocimientos y el dominio del idioma del exmandatario.