INVESTIGACIÓN. Desde hace más de una década, la inseguridad ciudadana y la corrupción son consistentemente dos de los tres principales problemas que más preocupan a los peruanos, según las mediciones de las encuestadoras más conocidas.Como respuesta, en tiempos recientes varios políticos, burócratas y especialistas en temas de justicia han planteado posibles salidas vinculadas -sobre todo- con temas como el aumento de ciertas penas, el establecimiento de nuevos límites a la posibilidad de que políticos con antecedentes postulen a cargos públicos o la imposibilidad de que algunos delitos prescriban.Sin embargo, quizá porque se sabe que están pendientes varias otras reformas importantes (sistema político, pensiones, etc), desde lo propuesto en su momento por una comisión de expertos en el 2018 no hemos vuelto a darle prioridad en la agenda pública a discutir una reforma del sistema de justicia, aspecto sin duda fundamental para lograr cualquier avance contra la inseguridad y la corrupción. Y si hay una institución cuyo trabajo en los últimos años nos ha dejado clara la necesidad de esa reforma, es sin duda el Ministerio Público.