La pérdida de dinamismo de la economía peruana es notoria. El crecimiento potencial estimado de nuestra economía se ha reducido a menos de la mitad en los últimos diez años. Parte importante de esta caída se explica por la desaceleración de la inversión, sobre todo aquella en la industria extractiva. Inversiones por decenas de miles de millones de dólares no se ejecutan debido a que no se logra obtener la denominada licencia social. La conflictividad social no solo afecta a la inversión, también aflige a la producción del sector extractivo. Lo hemos verificado recientemente con los constantes problemas del corredor minero y con la paralización de las operaciones del oleoducto durante más de un año. Si la industria extractiva hubiera obtenido la licencia social requerida para operar e invertir con normalidad en la última década, nuestra economía probablemente hubiese crecido entre 1% y 2% más al año. Esto hubiese implicado más de treinta mil millones de soles adicionales en recaudación fiscal acumulados durante este periodo y, muy probablemente, entre 1.5 y 2.5 millones de peruanos que hoy son pobres no estarían en situación de pobreza, señala Carlos E. Paredes, economista, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.
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