El informe de Control Concurrente No. 008-2023/OCI/0282/ SCC de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la "Adquisición de canilleras antimotín contra impacto para el control de multitudes y disturbios civiles" presenta una situación adversa que podría afectar "los objetivos del contrato", es decir: no proteger a los agentes. Contracorriente reveló que en octubre del 2022, el gobierno de Pedro Castillo autorizó la compra de 8900 pares de canilleras para la PNP. El ganador del proceso fue Mosana de Aranibar S.R.L. y el Estado pagó un millón 780 mil soles.