De forma muy rápida, pues el jueves pasado el pleno del Congreso la aprobó por insistencia, el fin de semana se publicó la Ley N° 31740, que si bien señala promover el buen gobierno corporativo en las empresas y personas jurídicas en general, con el argumento de fortalecer las normas anticorrupción, en realidad podría generar un retroceso en las medidas de prevención que implementan las firmas.La norma en cuestión, inicialmente impulsada por el Gobierno de Pedro Castillo y luego reformulada por el Parlamento, incorpora más de 30 nuevos delitos por los que las empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), firmas transnacionales, entre otros, pueden ser procesadas en salas judiciales.Entre los delitos que se incluyen, figuran un grupo de nueve de los ámbitos aduanero, tributarios, financiamiento a terrorismo, afectación de bienes culturales, entre otros.
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