La presidenta Dina Boluarte no solo rechazó las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales en el Perú respecto a posibles violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. También ha marcado distancia en cuanto a su responsabilidad política y penal sobre estos hechos.Esta declaración ha sido cuestionada y se le ha recordado que, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, las FFAA están sometidas a sus órdenes y a su dirección.El exministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido precisó que Boluarte tiene el mando, da órdenes que pueden revocar instrucciones y que, además, las FFAA, una vez cumplidas sus funciones, tienen la obligación de informar al superior; por lo tanto, el Gobierno tiene responsabilidad de todos los actos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.