Tras su presentación, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado una serie de críticas por abogados y políticos, quienes cuestionaron la injerencia mostrada por el organismo respecto a temas relacionados a la normativa interna y el papel que cumplen los poderes del Estado.También se ha criticado el poco desarrollo dado por la entidad al registro de miembros de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas que resultaron heridos o, incluso fallecieron, durante las manifestaciones al interior del país, así como su falta de rechazo expresa a los ataques que sufrieron los activos críticos del país en las movilizaciones.Entre las ocho intromisiones identificadas en el informe de la CIDH figura la toma de medidas necesarias para que las armas de fuego estén excluidas para el control de protestas sociales; la necesidad de que los poderes del Estado de limitar figuras como la acusación constitucional; la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; así como lo contemplado en el caso de la disolución unilateral del Congreso.