Provocador y confrontacional, el cuestionado ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha contradicho la postura oficial del gobierno de Dina Boluarte -que él mismo integra-, y ha respaldado, sin ambages, los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su último informe, sostiene que en las protestas registradas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo se habrían registrado "graves violaciones de derechos humanos" y cometido "ejecuciones extrajudiciales".