El informe final de la CIDH sobre las muertes en las protestas no tiene carácter vinculante para el país, lo que significa que el Gobierno no tiene la obligación de acatar las recomendaciones y conclusiones de su contenido, afirmaron dos penalistas. Por un lado, el abogado Mario Amoretti refirió que el trabajo de la CIDH no es una denuncia que tenga que seguir un proceso, sino una sugerencia exhortativa.