El gobierno de Dina Boluarte contrató en el primer trimestre del año a 16 altos funcionarios para asesorar a diversas oficinas, entre ellas el Despacho Presidencial, y cuyos honorarios provienen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Es decir, asesores y consultores que son contratados de manera directa por Palacio de Gobierno sin pasar por un proceso de selección.La modalidad FAG fue utilizada por el vacado expresidente Pedro Castillo como una "billetera directa" para el pago mensual a favor de allegados que fueron contratados como asesores.La actual gestión tampoco escapa de ese procedimiento, puesto que el despacho de Boluarte contrató a funcionarios que trabajaron en su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social ( julio del 2021-noviembre del 2022). No obstante, un reciente informe de orientación de oficio emitido por la Contraloría General de la República, al que accedió El Comercio, ha establecido que el Despacho Presidencial "carece de procedimientos operativos para realizar la verificación de la autenticidad de la documentación presentada por los consultores FAG, así como la supervisión técnica y verificación de las actividades que le son asignadas".