Como era previsible, las controvertidas conclusiones del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en las protestas sociales han sido objeto en el Perú de diversas interpretaciones.El excanciller Francisco Tudela lo consideró sesgado y aseveró que invierte la realidad, además de que no le presta la mínima atención a los derechos humanos de quienes defendieron a la sociedad peruana. El internacionalista Miguel Rodríguez Mackay también señala un sesgo evidente y deplora la ausencia o escasez de un análisis jurídico y hermenéutico en el documento, pues, a juicio, predomina en él el lenguaje acusatorio.