La distribución de electricidad en Lima Metropolitana está dividida en dos zonas geográficas (sur y norte de la ciudad, incluido el Callao), así que en teoría, se trata de dos monopolios y, por tanto, sus servicios y tarifas están regulados por el Estado peruano. La entidad encargada de esa labor es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el sistema de regulación vigente le permite optar por los costos más bajos propuestos por las operadoras. El esquema ha funcionado sin mayores contratiempos, porque desde que se privatizó el mercado limeño de distribución eléctrica, en los años 90, sus dos partes han sido operadas por empresas pertenecientes a distintos grupos económicos.Pero esto cambiará drásticamente si se aprueba la compra de la empresa que distribuye energía en la parte norte del mercado limeño, acordada entre Enel Américas, subsidiaria de la multinacional italiana Enel SPA (el Estado italiano posee una participación minoritaria en ella), y China Southern Power Grid International (CSGI) por US$ 2,900 millones. Ello debido a que la parte sur del mercado capitalino es operada desde el 2019 por China Yangtze Power International Co. No se trata simplemente de empresas del gigante asiático, sino que ambas son propiedad del Estado chino y están bajo el ámbito de la Comisión para la Supervisión y Administración de Activos del Estado (SASAC).
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