En una sentencia en última instancia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) zanjó el tema y resolvió que la vacancia y el levantamiento del antejuicio político del entonces presidente Pedro Castillo se hizo de acuerdo a ley. El documento resaltó que, tras el golpe de Estado, "se requería decisiones urgentes para la continuación y normalización del régimen constitucional".