Hace unas semanas el congresista Alejandro Cavero de Avanza País presentó un proyecto de ley que puso nervioso a más de uno al interior del país. Busca modificar los artículos 99 y 101 de la Constitución para que los gobernadores regionales sean pasibles de interpelación y acusación constitucional, la cual, podría resultar en la suspensión o inhabilitación permanente de la función pública para aquellos funcionarios que incurran en actos ilícitos en detrimento del país.