El gobierno aprista no está dispuesto a pagar la factura de la norma que pretende supeditar el accionar de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a los fines del régimen de turno. Los cuestionamientos a la iniciativa, surgidos a nivel nacional y en el extranjero, parecen haber alertado al Ejecutivo del costo político que podría ocasionarle la medida, a tal punto que la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, se ha visto obligada a intervenir como una suerte de mediadora en la búsqueda de una fórmula de consenso. Ayer, durante todo el día, sostuvo prolongadas reuniones con directivos de entidades ejecutoras privadas, pero también con el presidente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Agustín Haya de la Torre.