GASTO PÚBLICO. "Sustancial" es el adjetivo que el Banco Central de Reserva (BCR) utiliza para calificar el desperdicio de dinero destinado a gasto público en el Perú. Es que la entidad calculó las pérdidas con cifras del presupuesto del 2021, con base en tres metodologías -del BID, el FMI y la Contraloría, respectivamente-. El BCR concluye que el impacto del uso "redundante e improductivo" de recursos, como consecuencia de ineficiencias en los procesos de procura pública -adquisición de bienes y contratación de servicios y de obras (inversión pública)-, se situó en un rango de entre S/ 10,853 millones (equivalentes a 1.2% del PBI) y S/ 16,394 millones (1.9% del PBI) para dicho año. El estimado más elevado, correspondiente a la metodología del BID, incluye pérdidas por ineficiencia técnica, así como el peor mal que sufre la administración pública peruana: la corrupción. Más que sustancial, ese desperdicio es vergonzoso, escandaloso y, en el caso del uso indebido de recursos públicos, punible. Con la incesante acumulación de indicios de ineptitud y malos manejos presupuestales en el Gobierno de Pedro Castillo -acaban de detener a su exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, pero muchos otros exfuncionarios siguen prófugos-, cabría preguntarse cuánto habrán aumentado esas cifras en el 2022.
- [Gestión,Pág. 4] /