¿Y la coordinación? ¿Y el consenso? Llamó la atención que, el viernes último, el Poder Ejecutivo remitiera al Congreso con carácter de urgencia un proyecto de ley que busca incorporar a los trabajadores de 'services' en el reparto de utilidades, sin que la iniciativa en cuestión hubiera recibido el respaldo de la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, y, más aun, dejando de lado el consenso logrado (en este tema en particular) por trabajadores y empleadores en el anteproyecto de la ley general del trabajo.Todo indica que con la eventual aprobación de esta iniciativa, el presidente Alan García (¿el autor intelectual?) buscaría cumplir una de sus promesas efectuadas durante la campaña electoral. Pero más allá del justificado malestar que generó entre los empresarios el hecho de que no se respetaran los consensos, resulta ilógico que existan dos posiciones en el Ejecutivo para este tema y que se insista con una iniciativa que, en la práctica, resultaría compleja en su aplicación. Trascendió que, finalmente, el Ministerio de Trabajo no presentará una propuesta alternativa, debido a que el tema ya está siendo regulado en el anteproyecto de la ley general del trabajo. Al parecer, solo se presentaría un informe técnico en el que se plantearán las objeciones al proyecto de reparto de utilidades (elaborado por el Ministerio de Energía y Minas) y se recomendaría que este sea retirado del Congreso.