La disposición fiscal que determinó investigar a la presidenta Dina Boluarte, al exmandatario Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal -como parte de una pesquisa en torno al financiamiento de la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021- da cuenta de sospechas respecto del vínculo entre los tres imputados.Según el documento que amplía la pesquisa en la que Boluarte ya era investigada por supuesto lavado de activos y que también imputa este último ilícito a Castillo, Shimabukuro llegó a ser designado funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en la gestión de Castillo (2021-2022) gracias a su cercanía con la hoy presidenta.
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