Con 89 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó el informe final sobre las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol. El documento recomienda al Ejecutivo revisar el contrato que otorga el derecho acuático, otorgado a la compañía, debido a los tantos derrames de crudo de buzios ocasionados en el terminal marítimo, habiéndose constituido en un peligro para el medio ambiente, a fin de evitar eventuales derrames que no deben volver a ocurrir.