El ministro de Trabajo, Luis Adrianzén, informó que su cartera estaba evaluando la contratación de 10 nuevos abogados para reforzar la defensa de los decretos supremos 001-2022-TR y 0142022-TR, los cuales restringieron la tercerización laboral y modificaron la negociación colectiva en el ámbito laboral. Esta posición ha generado inquietud en el sector privado, quienes señalan que esto sería un retroceso a la buena fe que se ha venido trabajando con el Ministerio de Trabajo en los últimos meses.Mario Pasco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que el ministerio está incurriendo en un "doble error"."El primero y más importante es que persiste en ir adelante con normas que son abiertamente ilegales y que van contra derechos y libertades que reconoce la Constitución", indica.
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