La Cancillería de Bolivia informó a este medio que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), cuya oficina queda en su sede diplomática de La Paz, no puede responder si un ciudadano peruano ha tramitado o posee refugio o asilo político en su país, porque la Ley N°251, Ley de Protección de Personas Refugiadas, señala textualmente que esa información es "confidencial".Perú21 solicitó a la Unidad de Comunicación de la Cancillería de Bolivia, el martes 14, que pregunte a la Conare si los prófugos Fray Vásquez Castillo y Alejandro Sánchez (dueño del incautado inmueble de la calle Sarratea), investigados en los casos Puente Tarata y gabinete en la sombra, solicitaron refugio político en dicha oficina.