La aplicación de la nueva Ley de Negociación Colectiva en el Estado (Ley N° 31188), se ha convertido en un problema para la sostenibilidad fiscal del país. Durante su primer año de aplicación, en el 2022, no solo hubo acuerdos con sindicatos por encima de la disponibilidad presupuestal, sino que las entidades públicas no respetaron las reglas que se establecieron en la norma para lograr acuerdos colectivos.Es tanta la preocupación del MEF sobre el impacto que puede crear el no respetar los topes presupuestales en la negociación colectiva, que el Gobierno ha propuesto que los funcionarios que firmen acuerdos colectivos con los sindicatos, por encima de lo que se señala en el informe de viabilidad presupuestal, puedan ser sancionados hasta con pena de cárcel.
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