Si bien el Gobierno tomó la atinada decisión de eliminar las 25 prefecturas y 194 subprefecturas, ha transferido sus funciones --y algo más-- a los 1.831 gobernadores y a más de 30 mil tenientes gobernadores.En la práctica, el fisco seguirá afrontando cargas que no solo son onerosas, sino --y eso es lo peor-- generarían pequeñas burocracias que exigirán de todo para cumplir con tareas que, en realidad, deberían recaer en los gobiernos locales o regionales.El Congreso ha señalado que se reglamentará la organización y funciones de las gobernaciones para evitar incompatibilidades con los alcaldes y presidentes regionales. ¿Pero eso será suficiente? Los cargos de gobernadores son también de confianza y políticos. Nada impide que ocasionen las mismas intromisiones con tinte partidario que causaron las prefecturas. ¿Además, quién controlará a tantos funcionarios? ¿Acaso se dará abasto la Dirección General de Gobierno del Ministerio del Interior? Lo que se necesita es avanzar en la postergada reforma del Estado, aunque ello implique que el Gobierno pierda poder a cambio de ganar prestigio en el país, lo que se traduciría en un mejor resultado electoral.