El expresidente Pedro Castillo podría pasar 32 años en el penal de Barbadillo si es hallado culpable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Así lo estimó la fiscal suprema adjunta Galinka Meza en la audiencia en la que se evaluó la solicitud del Ministerio Público (MP) para imponer 36 meses de prisión preventiva al exmandatario. Castillo Terrones es sindicado como líder de una red criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para concertar licitaciones públicas. El origen del pedido de prisión preventiva se remonta a las investigaciones por los casos Puente Tarata- MTC, Petroperú y obras en Aguía- Ministerio de Vivienda.