La fiscalía inició una investigación preliminar al ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y al titular de Essalud, Aurelio Orellana, entre otros, por el pago de más de S/41 millones desde Essalud a Aiona Technology Corporation S.A.C., que obtuvo en el 2020 la buena pro para adquirir un millón de pruebas rápidas anti-COVID-19.