Diecisiete meses es un plazo muy corto para que una gestión pueda emprender formas que dejen huella en un país con tantos problemas como el nuestro. No lo es, en cambio, para que una que se propone lucrar con el presupuesto público desde el día uno pueda hacerlo, desde es y con la complicidad de un gran número de funcionarios. En sus casi 17 meses de operaciones, la administración que lideró Pedro Castillo, ciertamente, no dejó ninguna reforma sustantiva o política de Estado alguna que pueda perdurar a través del tiempo. Lo que sí dejó, por el contrario, fue una estela de indicios de corrupción que comenzó a advertirse desde sus inicios y que hoy le ha permitido al Ministerio Público estructurar un caso bastante sólido.Ayer, justamente, la fiscalía solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Castillo( actualmente recluido) y sus ex ministros Juan Silva (prófugo) y Geiner Alvarado (con impedimento de salida del país) en el marco de la investigación que se les sigue por el delito de organización criminal. De aprobarse, se trataría de la segunda medida de este tipo que recibe el ex presidente, quien, como sabemos, se halla cumpliendo un mandato similar en el penal de Barbadillo por su golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.