El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial del Congreso de la República contra el Poder Judicial.Así, el TC resolvió por cinco votos a favor que el Parlamento podrá continuar con la elección del nuevo defensor del Pueblo. Para ello, anuló resoluciones de un proceso de amparo que impedían el desarrollo de dicha labor.También por mayoría de cinco votos a favor, declaró nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían realizar investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público.