El viernes 17 de febrero, el Congreso acusó constitucionalmente al exjefe de Estado Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. Asimismo, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, fue acusado por organización criminal y colusión, mientras que el exministro de Vivienda y Saneamiento, Geiner Alvadaro, por organización criminal.