El Ministerio de Energía y Minas (Minem) promulgó el Decreto Supremo 003-2023-EM que exonera a Petroperú, por 18 meses, de la obligación de contar con permisos para operar la refinería de Talara. Solo tendrá que elaborar un plan de respuesta a emergencias y contratar un seguro que cubra daños al medio ambiente, entre otras responsabilidades. No es la primera vez que esta empresa pública recibe un trato especial de parte del Estado, sino que es algo usual, sobre todo con relación al mencionado proyecto.Por ejemplo, una ley del 2004 la excluyó del proceso de privatización y otra del 2006 la excluyó del ámbito del Fonafe (o sea que no sigue sus estándares de gestión ni somete su presupuesto a su aprobación) y del sistema nacional de inversión pública. En otras palabras, Petroperú goza de prerrogativas funcionales que el resto de empresas estatales no tiene. Y lo que han provocado no ha sido un manejo eficiente de la empresa ni de su proyecto estrella.