El Congreso aprobó ayer la acusación constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Con ello, el expresidente será procesado judicialmente por estos ilícitos, tal como lo había solicitado la Fiscalía de la Nación.La acusación fue realizada por la Comisión Permanente del Congreso, a partir de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre. Esta se presentó tras cerrar las investigaciones preliminares de los casos Petro-Perú, Ministerio de Transportes y Ministerio de Vivienda, y también incluyó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.Por tratarse de altos funcionarios y presuntos hechos cometidos durante sus funciones, se requería que el Congreso levante sus antejuicios -privilegio conocido como inmunidad- para poder investigarlos más allá de la fase preliminar.(Edición sábado).