La posición es muy clara: Si el Ejecutivo promulga el controvertido dictamen que pretende regular a las organizaciones no gubernamentales (ONG), estas recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) en demanda de justicia.Pero eso no es todo, porque también generarán alertas públicas en los ámbitos nacional e internacional por las serias implicancias constitucionales, e incluso empresariales, que esta propuesta acarrearía contra el Estado de derecho.Este frontal pronunciamiento se conoció ayer por boca de los voceros de más de una decena de ONG, quienes destacaron que el texto --que exige hacerlas pasar por un control gubernamental para restringir y anular sus acciones, despojándolas de libertad-- vulnera nueve derechos fundamentales.Gustavo Mohme Seminario, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), entidad que prestó su local para la conferencia y que se sumó a la alerta pública, señaló que esta situación pone en riesgo, además, un precepto fundamental: el de la libertad de expresión.Gustavo Gorriti, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), fue más allá y dijo sin tapujos que con la norma está en juego "el retorno espiritual del fujimorismo", pues con ella se quiere --bajo el pretexto de fiscalizar la cooperación internacional-- "controlar sus contenidos más que los fondos mismos".(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 12] /
- [Perú 21,Pág. 5] /