La Contraloría General de República retomó su capacidad sancionadora y este año ya iniciará procedimientos a funcionarios que habrían tenido inconductas funcionales en diversos procesos del 2022.El contralor de la República, Nelson Shack, afirmó que durante el año pasado se detectaron 8,730 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas, por malos manejos de los fondos públicos.De estos, 3,500 son de gobiernos locales, 2,250 pertenecen a los gobiernos regionales y 3,050 al Gobierno nacional.